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Use of public forces to repress protests in Panama denounced

Panama City, Jun 26 (Prensa Latina) Several lawyers denounced excesses of the public force in the Panamanian province of Bocas del Toro, even today under a state of emergency that establishes the suspension of constitutional guarantees.

According to the testimonies, since June 14, when Operation Omega began to unblock roads as part of popular protests against a social security law, arbitrary arrests and human rights violations have been carried out.

Among these lawyers, José Luis Santamaría pointed out that the exact whereabouts of the detainees, spread in at least three provinces outside Bocas del Toro, are unknown, which compromises the right to defense due to the impossibility for people to have contact with their representatives.

Santamaría, who is in the city of David, Chiriquí, is one of 20 lawyers who are trying to attend to the cases of people detained in Bocas del Toro, according to the newspaper La Estrella de Panamá.

Yesterday, the Cabinet Council approved the reestablishment of the effects of article 23 of the Political Constitution during the remainder of the state of siege, previously also suspended, an action criticized by experts for violating international treaties and the Constitution itself.

abo/jav/mem/ga

Ciudad de Panamá, 26 jun (Prensa Latina) Diversos abogados denunciaron excesos de la fuerza pública en la provincia panameña de Bocas del Toro, aún hoy bajo el estado de urgencia que establece la suspensión de garantías constitucionales.

Cuerpo : Según los testimonios, desde el 14 de junio cuando inició la Operación Omega para desbloquear las vías como parte de protestas populares contra una ley del seguro social, se han realizado detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.

Entre esos letrados, José Luis Santamaría señaló que se desconoce el paradero exacto de los detenidos, repartidos en al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que compromete el derecho a la defensa ante la imposibilidad de que las personas puedan tener un contacto con sus representantes.

Santamaría, que se encuentra en la ciudad de David, Chiriquí, es uno de los de 20 juristas que están tratando de atender los casos de personas detenidas en Bocas del Toro, según el diario La Estrella de Panamá.

La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó restablecer los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.

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